La competencia de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios corresponde a los poderes públicos, así como el establecimiento de las adecuadas limitaciones preventivas de carácter administrativo en las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud, a las que necesariamente deberán ajustarse las diferentes formaciones y acreditaciones expedidas.